Organizaciones sociales y civiles exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca aceptar la recomendación emitida sobre la desaparición forzada ocurrida hace 18 años del defensor de derechos humanos Lauro Juárez, originario de la comunidad chatina de Soledad la Arena, Temacaxtelpec.
Ayer venció el plazo para que la Fiscalía de Oaxaca acepte la recomendación 21/2025 de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO) en la que se determinó la existencia de violaciones al debido proceso, investigación diligente y exhaustiva, acceso a la justicia y derecho a la verdad para las víctimas.
Cabe recordar que Lauro Juárez participó en 2007 en movilizaciones en defensa de la voluntad popular y de los usos y costumbres en la zona chatina del estado de Oaxaca, misma en la que caciques priistas controlaban los ayuntamientos. Fue elegido como regidor de Hacienda, no obstante con todo el poder del estado que era controlado por Ulises Ruiz Ortiz, este y otros triunfos fueron desconocidos, por lo que hubo movilizaciones a lo largo de la carretera que une la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido. En este contexto, Lauro Juárez desapareció el 30 de diciembre del 2007 en inmediaciones de la comunidad El Vidrio, perteneciente a Santa María Juquila, como denunció Amnistía Internacional.
“Durante los meses de noviembre y diciembre se habían realizado diversas asambleas comunitarias para elegir a sus respectivas autoridades municipales, sin embargo, estas se caracterizaron por la intervención e injerencia del priísmo más reaccionario y recalcitrante, al querer imponer a personas afines a sus intereses de clase, siendo el más destacado Fredy Gil Pineda Gopar, quien gozaba de toda la impunidad y protección del asesino Ulises Ruiz”, recordaron las organizaciones en una conferencia de prensa.
Derivado de esto acusaron integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), se presentaron las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría estatal encabezada por Evencio Nicolás Ramírez (quien actualmente se encuentra prófugo por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario), sin embargo las denuncias no avanzaron e incluso, denunciaron, pues el aparato priista protegió a los responsables. “Si el fiscal pretende mantenerse del lado de los victimarios, será responsable de profundizar la crisis de confianza y de fortalecer un clima de impunidad que la sociedad oaxaqueña ya no está dispuesta a tolerar”, advirtieron.
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