Más de 30 organizaciones indígenas, feministas y de defensa a los derechos humanos de todo el país, exigen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de Odelia Coello Márquez, joven náhualt de Cuitzala, Coyomeapan, quien murió el 3 de marzo de 2025 en el Hospital de la Mujer Neonatología de Tehuacán posiblemente a causa de violencia obstétrica.
Odelia salió de su comunidad Cuitzala Coyomeapan, acompañada de su esposo, Gerónimo, para realizarse un ultrasonido en el Hospital Comunitario de Zoquitlán. Aunque la cita estaba programada para las 9 horas, no fueron atendidos sino dos horas después, momento en que aún sin presentarles los resultados, los médicos pidieron a Odelia que pasara a urgencias. Les advirtieron que la vida del bebé dependía de que llegaran con rapidez al Hospital de Tehuacán. La imposibilidad del hospital comunitario de brindarles una ambulancia para un traslado seguro los obligó a viajar en transporte público. La pareja arribó al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán alrededor de las 16:00 horas.
A partir de ese momento, según el testimonio de Gerónimo, se le negó cualquier tipo de contacto con su esposa y no se le informó sobre su estado de salud ni el del bebé. La mañana del 3 de marzo, a las 7:00 horas, personal del hospital notificó a Gerónimo el fallecimiento de Odelia. De acuerdo con el comunicado, la mujer fue sometida a una cesárea sin su consentimiento previo e informado, pese a que ella y su esposo sabían que el parto debía ser natural.
Las organizaciones firmantes señalaron que los hechos evidencian una vulneración sistemática de derechos humanos, al poner en riesgo la vida del recién nacido, violentar la dignidad del esposo y provocar la muerte de Odelia. “La muerte de Odelia no es un caso aislado, es el resultado de las medidas presupuestales implementadas en el país a lo largo de los últimos veinticinco años: medidas presupuestales que no toman en cuenta el coste en vidas humanas, sino en resultados para congraciarse con organismos internacionales”, aduce el pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y la Red de Abogadas Indígenas, entre otras organizaciones.
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