Hoy, 6 de marzo, se espera el veredicto en el caso del defensor de los derechos humanos zapoteco Pablo López Alavéz, que lleva más de 14 años injustamente encarcelado en una prisión oaxaqueña. El 15 de agosto 2010, López Alavéz fue privado de la libertad de manera arbitraria y con violencia en su comunidad San Isidro Aloápam en la Sierra Norte de Oaxaca y acusado haber participado en un asesinato en 2007.
“Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional”, escriben siete organizaciones de derechos humanos en un comunicado con ocasión de la sentencia.
Esta acusación se basa en diversos informes que se han elaborado a lo largo de los años sobre el caso de Pablo López. En 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) criticó graves deficiencias en el juicio, y el año pasado el Centro de Derechos Humanos American Bar Association (ABA CHR) llegó a la misma conclusión. Asimismo, la ONU ha expresado reiteradamente su preocupación por el trato dado al defensor y acusa a México de criminalizar a los defensores indígenas y castigarlos por su compromiso.
Los firmantes del comunicado, entre ellas Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Red TDT, Front Line Defenders y la OMCT, exigen la liberación de Pablo López y el fin de su criminalización y llaman a las autoridades estatales y federales a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. Detallan que antes de su detención, Pablo López informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en su comunidad.
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