El pasado 29 de marzo entraron en vigor las normas del programa “Vida Saludable” impulsado por la actual administración federal que prohibe la venta de refrescos, frituras, dulces, chocolates, pastelitos y productos similares en las escuelas. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a los docentes para informar sobre la prohibición de venta de comida chatarra en los planteles escolares.
Éstas contemplan sanciones administrativas para los centros escolares que incumplan con estas disposiciones, que van desde multas económicas hasta posibles suspensiones temporales de operación. En sustitución, las escuelas deberán ofrecer alimentos nutritivos, equilibrados y preferentemente locales, además de garantizar el acceso al agua potable mediante la instalación obligatoria de bebederos.
Los lineamientos publicados el 30 de septiembre por las secretarías federales de Educación Pública y de Salud establecieron que en un plazo de 180 días naturales todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional debían adaptarse a la nueva normativa. Sin embargo, como si se tratara de un examen sorpresa, esta orden ha tomado desprevenidos a miles de planteles cuya infraestructura e incluso costumbres determinan que la disponibilidad de agua potable sigue siendo un reto sin resolver.
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