La minería submarina es una actividad extractiva que recientemente impulsan gobiernos, empresas y startups para obtener minerales y metales de los fondos marinos, una de las zonas donde se ha intentado ejercer ha sido Baja California, en donde los pescadores locales lograron detener una minería submarina frente a sus costas en 2018 para resguardar su lecho marino, sin embargo desde ese año se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.
La empresa minera Odyssey Marine Exploration con sede en Florida demandó a México por miles de millones de dólares por impedir el desarrollo de actividades mineras, fue en 2012 cuando un enorme barco apareció frente a la costa de Baja California, nadie sabia de quien era y porque estaba ahí, con el tiempo la noticia llegó a oídos de pescadores y descubrieron que el barco pertenecía a la empresa Odyssey, había obtenido una concesión por 50 años en una enorme área del lecho marino mexicano para extraer fosfato, un ingrediente clave en los fertilizantes comerciales.
Para los pescadores y habitantes de la costa este proyecto significaba acabar con la vida marina de ese sector, fue así como más de 120 pescadores organizados en la cooperativa “Puerto Chale” lucharon contra una mina que veían como amenaza, hubieron reuniones públicas, acusaciones de corrupción, apelaciones al presidente mexicano hasta que después de 6 años, en 2018 el gobierno de México finalmente rechazó la mina por los posibles impactos ambientales que dejaría. Sin embargo la empresa gringa utilizó una oscura herramienta del derecho internacional llamada Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permite a las empresas eludir los tribunales nacionales. Fue entonces que su demanda abrió la ventana a un sistema legal opaco.
El periodista Carlos G. Ibarra fue quien descubrió que la compañía Odyssey había obtenido una concesión de 50 años. Ibarra sabía exactamente cómo se presentaría la mina a la comunidad. La narrativa corporativa de los proyectos extractivos tiende a seguir un camino trillado: el recurso juega un papel vital para la humanidad, su extracción beneficiará a la comunidad local y no habrá daños ambientales permanentes.
En el caso de Odyssey, alegó que México había vulnerado sus derechos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Afirmó que se había destruido el valor de su inversión, así como sus beneficios futuros, y exigió 3 mil 540 millones de dólares (60 mil 702 millones de pesos), que posteriormente se redujeron a 2 mil 360 millones de dólares (40 mil 468 millones de pesos).
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