“Este basurero es un símbolo de las formas en las que el capitalismo destruye comunidades y territorios, mata todo lo que le da vida al planeta para que arriba unos cuantos alimenten sus lujos y ambiciones de esa destrucción y muerte. Es un símbolo del desprecio profundo y arraigado en las élites políticas y económicas que les hace pensar que quienes abajo sobreviven diariamente merecen ser enterrados bajos sus desechos”. Se escribe en un amplio reporte de la organización NODHO Derechos Humanos sobre el tema del basurero en Cholula
Y es que la lucha que han emprendido las comunidades y pueblos Cholultecas desde hace más de un mes, se ha topado con la persecución, criminalización y represión de su lucha por defender el agua y la vida de su territorio, ante este basurero que está dañando gravemente sus mantos acuíferos, laberintos legales y distintas relaciones de poder que se benefician de él hacen que su operación continué en completa impunidad.
PRO-FAJ la empresa encargada de la operación del basurero y que no ha cumplido los estándares de manejo, no está claro quiénes son sus dueño ni su estructura organizativa ni operativa y la poca información sobre la empresa es la que se puede descifrar de licitaciones y contratos publicados.
En varias notas y reportajes periodísticos se le vincula particularmente con personajes que transitan entre los sectores públicos y privados, en particular entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los organismos municipales operadores de los servicios de limpia y disposición de residuos y el grupo empresarial CIPA, quien está dedicado a la gestión integral de residuos y la generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos. En reportajes periodísticos de Proceso, Expediente Ultra y la revista Etcétera señalan a distintas figuras políticas o funcionarios públicos como representantes legales del PRO-FAG, como Cuauhtémoc Ochoa Fernández militante del partido verde. En el reporte, se realiza un bosquejo de las relaciones de poder entre los implicados y otros poderes fácticos, que han permitido la instalación de este basurero que tiene desde 2019 una queja por la SEMARNAT del mal manejo de residuos sólidos que se tenía.
La cultura política y de negocios que impera en los contratos gubernamentales lleva a que empresas ecocidas puedan operar con absoluta impunidad y que quienes resultan afectados gravemente queden no sólo indefensos e ignorados por las instituciones que deben protegerlos, sino además, si se atreven a hacer público su descontento ante la negligencia institucional, son reprimidos, violentados y criminalizados. El basurero masivo de Cholula parece mostrar lo peligroso que puede llegar a ser el manejo caciquil, clientelar, arbitrario y opaco de los sistemas de concesiones. Un cartel de la Basura.
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