Hace quince días, dos senadores republicanos pidieron a la Casa Blanca en Washington abrir consultas al amparo del tratado de libre comercio T-MEC contra la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico.
La prohibición que temen se origina en acciones del gobierno del presidente López Obrador: el decreto del 31 de diciembre de 2020, que se propone la eliminación gradual del herbicida glifosato, pero en su artículo sexto establece que las autoridades de bioseguridad “revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación”, hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024. Esta orden, sin embargo, “está sujeta a la suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato”.
Durante la conversación que sostuvo ayer con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la negativa para importar maíz transgénico para consumo humano, pero se planteó ampliar el periodo por dos años para la importación de maíz amarillo para forraje, y llamó a realizar estudios entre los dos países para asegurar que este tipo de productos no es dañino para la salud.
Sin embargo, la investigadora Ana de Ita afirma que también hay acciones en dirección opuesta: “El presidente López Obrador puso en marcha el 3 de octubre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía firmado con 15 de las mayores corporaciones agroalimentarias que operan en el país, de las cuales nueve tienen como principal insumo el maíz y han sido férreas defensoras de las importaciones de maíz sin restricciones”.
Este acuerdo ha empezado a dar sus frutos para las empresas que cuentan ya con compromisos de entrega de 400 mil toneladas de maíz blanco proveniente de Sudáfrica, (con entre 85 y 90 por ciento de su producción genéticamente modificada), ahora sin 20 por ciento de arancel. Esto, con el objetivo explícito de bajar los precios a los maiceros mexicanos, recuerda Ana de Ita, directora del Ceccam (Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano).
Y es que el Organismo Descentralizado de la SADER Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estableció hace una semana un precio al productor de 6 mil 805 pesos para la tonelada de maíz blanco, que está por debajo de los costos de producción y es menor a los precios regionales y de mercado, critican organizaciones campesinas.
La Jornada Confía AMLO en llegar a acuerdo con EU sobre maíz transgénico Ana de Ita: Maíz transgénico e importaciones: señales encontradas y Pésima visión
de Segalmex para fijar el precio de la gramínea