El 30 de agosto de 1995 el Congreso de Oaxaca aprobó el reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas de Oaxaca, conocidas hasta entonces como usos y costumbres. En un breve análisis, Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA hace un recuento de los desafíos y resistencias en la construcción del poder comunitario y autonomía política de los pueblos indígenas: “Durante estos veinticinco años, a partir de la reforma constitucional que concedió autonomía política a los municipios y pueblos indígenas, ha habido una serie de embates contra estas comunidades por parte de actores externos, como son los partidos políticos, agentes de gobierno, iglesias, empresas y líderes sociales que han lucrado políticamente con esta lucha autonómica”. Entre los logros más importantes se encuentra el acceso de los pueblos indígenas a la justicia electoral en el ámbito federal: “Las sentencias relevantes del TEPJF aportan elementos jurídicos y antropológicos de gran valía para la defensa de la autonomía en los procesos electorales indígenas”. Una reflexión especial merece la participación política de las mujeres indígenas: “lo cierto es que el esfuerzo por alcanzar un pleno reconocimiento a su ciudadanía ha costado mucho a las mujeres (…) y el acceso a cargos de toma de decisiones, debido a las ataduras patriarcales y al machismo, es aún un fuerte desafío“. Después de 25 años aún “persiste una crítica con un fuerte sesgo racista y colonial hacia los usos y costumbres”. Sin embargo, EDUCA insiste que hoy, frente a los grandes desafíos que enfrenta el mundo globalizado, “no cabe la menor duda que el modelo de autoridad indígena y los procesos de nombramiento basado en normas comunitarias, no sólo son necesarios, sino que requieren ser fortalecidos y afianzados como ejemplo de democracia participativa y autonomía comunitaria”.
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