El pasado 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó las transformaciones legislativas de los últimos meses: 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas, de profundas y duraderas consecuencias para la justicia, la seguridad y los derechos en México.
En su intervención, la jefa del Ejecutivo federal colocó como ejes de su mensaje tres reformas emblemáticas: los cambios no han sido meramente normativos sino destinados a un profundo cambio de régimen, como lo hemos destacado previamente. En su conjunto, desde una perspectiva de derechos humanos hay que destacar su relevancia en materia de derechos sociales –vivienda, igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas, entre otras–, así como los grandes retrocesos en materia de derechos civiles y políticos.
Respecto de estos retrocesos, destacan las primeras dos reformas identificadas por la presidenta, la Judicial y la de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sobre la Reforma Judicial, hay que decirlo: la nueva era de la judicatura empieza con la independencia puesta en entredicho. La Relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite compartió las preocupaciones que envió al Estado mexicano sobre estándares debilitados, deficiencias en los nombramientos, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidaturas y el crimen organizado. Además de la clara politización. Ahora, las decisiones que tome la nueva Corte en temas clave de derechos humanos, como los límites a la prisión preventiva oficiosa, mostrarán si tiene autonomía frente al Ejecutivo. Mientras tanto, las fiscalías –verdadera fuente central de impunidad– permanecen intactas.
En cuanto a las reformas aprobadas de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, se confirma la profundización de la militarización de la seguridad pública sin contrapesos civiles. La mención prioritaria de esta reforma en el informe presidencial ratifica que el poder militar marca la agenda pública en materia de seguridad, con graves implicaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, lo más preocupante en el discurso de la presidenta de la república tiene que ver con las grandes ausencias: los grandes agravios a las víctimas en el país, en particular los relacionados con la grave crisis de desapariciones. Pese a que el informe se presentó dos días después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en su discurso sólo se hizo una mínima referencia a reformas normativas –que no han sido suficientes para abordar la crisis– y no así a la grave crisis de más de 130 mil personas desaparecidas y de los compromisos para revertirla.
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