Ante las denuncias de que la minera Camino Rojo utilizó al crimen organizado para amenazar a los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, el gobierno de Canadá no ha emitido una resolución sobre el caso de la unidad ubicada en Zacatecas. En tanto que el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, se ha negado a otorgar una entrevista para ahondar sobre la resolución del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC.
Al finalizar la inauguración del Centro de Atención Integral para trabajadores agrícolas de San Quintín, Bolaños afirmó que no están de acuerdo con la decisión del panel del MLRR, pues éste sólo debe abordar temas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. “Hay un planteamiento que se realizó con el que no estamos de acuerdo porque sólo estas dos materias son las que se deben abordar en el panel o en el tratado y aquí están planteando temas que no son laborales propiamente”, puntualizó.
Sin embargo, en el artículo 23.7 del capítulo laboral del T-MEC se establece la primera disposición vinculante relativa al combate de la violencia contra los trabajadores y los protege de la agresión física o amenazas destinadas a impedir su participación sindical o el reclamo de mejores condiciones laborales.
Este apartado estipula que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá “reconocen que los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer” sus derechos laborales, como libertad de asociación y negociación colectiva, mencionados en el artículo 23.3, “en un clima que esté libre de violencia, amenazas e intimidación”.
Los trabajadores del Sindicato Nacional Minero solicitaron la intervención de la STPS en enero de 2025, debido a que la compañía canadiense Orla Mining seguía permitiendo el ingreso de un subcontratista que identificaron era de la empresa AND Aroda del Bajío, y cuya labor consistía en la recolección de residuos o desechos de la mina de oro y plata, localizada en el municipio de Mazapil.
A Bolaños también se le notificó que, como parte del plan de remediación, Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la dependencia, realizó entrevistas “únicamente con los agremiados” del sindicato patronal Beneficio de Minas, sin haber notificado a la organización gremial titular del contrato colectivo, “por lo que tales acciones violan el derecho humano a la imparcialidad”, de acuerdo con documentos.
Las amenazas e intimidaciones, toleradas por la empresa, para obligarlos a desertar del Sindicato Nacional Minero también se informaron ante el gobierno de Canadá y su embajada en México.
En octubre de 2024 los mineros de la sección 335 realizaron una protesta frente a la sede diplomática, donde exhortaron al exembajador Graeme C. Clark a “llamar a los accionistas de la minera de capital canadiense a sacar la mano y dejar de apoyar al sindicato charro”, afiliado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Un mes después, el sindicato United Steelworkers presentó una denuncia al amparo del mecanismo laboral del T-MEC ante el gobierno canadiense, lo que representó una segunda queja independiente a la investigación que ya estaba en marcha en Estados Unidos, la cual, a la fecha, sigue sin ser resuelta.
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