Cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por primera vez por el caso Tlatlaya el 29 de septiembre 2020, pero tres días después la Fiscalía General de la República (FGR) cerró el proceso, pues según el no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie. “Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014”, escribe el periodista Pablo Ferri para El País. La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Tlatlaya fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales. En el tiroteo ocurrido el 30 de junio de 2014, el Ejército reportó la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento. “Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”. Las nueva declaraciones revelan que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido de inmediato: “La presencia de Sánchez León en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar aquel día”, afirma Ferri.
Cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por Tlatlaya y la Fiscalía cerró el caso: El País. Reportaje en El País: La Fiscalía cierra el ‘caso Tlatlaya’ tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones. Contexto: Cienfuegos y la impunidad de las fuerzas armadas
