El gobierno de Guatemala decreto el domingo pasado un estado de sitio en todo el territorio del país. Esto tras una escalada de violencia en las calles, motines en las cárceles y ataques contra policías que dejó nueve policías fallecidos y al menos 10 heridos.
El presidente Bernardo Arévalo decretó esta medida de excepción por 30 días. Según Arévalo, la decisión responde al poder que tienen las estructuras criminales, que no se limitan a pandillas, sino que incluyen vínculos políticos y económicos. Las autoridades informaron que los integrantes del Barrio 18 estaban detrás de estos nuevos hechos de violencia por la eliminación de privilegios a sus líderes en prisión.
Arévalo dijo en su discurso el domingo: “Sabemos quién está detrás: grupos que se benefician de la corrupción, que prospera en la oscuridad, que se resisten e intentan sembrar el terror porque Guatemala va a restaurar su sistema judicial este año”. Prometió usar toda la fuerza del Estado (Policía y Ejército) para proteger a la población.
El medio independiente Prensa Comunitaria reitera que “esta forma de violencia, en la que la sociedad entera es agredida, muestra una vez más que el sistema completo está enfermo de impunidad, una impunidad que ha evolucionado durante décadas y que ha sofisticado sus mecanismos para adquirirla en un contexto de captura del Estado, una forma de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados influyen en la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas, para favorecer sus propios intereses y en detrimento del bienestar general; y que cuando lo necesitan provocan violencia como parte de su forma de operar”.
Por su parte, el abogado de derechos humanos Quelvin Jiménez explica a Agencia Ocote que el caso actual es distinto a otros que ha vivido el país. Primero, por el territorio que abarca: está vigente en todo Guatemala. Segundo, por los motivos: “en otros gobiernos, los estados de excepción se usaron sobre todo para reprimir manifestaciones sociales. Esta es la primera vez, en muchos años, que no se decreta para contener protestas, sino para enfrentar a estructuras criminales con alto poder”, señala. Según Jiménez, esa medida solamente es legítima si es temporal, proporcional y claramente explicada.
Cabe recordar que por la violencia de bandas criminales, en el vecino país El Salvador el presidente Nayib Bukele decretó el estado de sitio el 27 de marzo de 2022 que se prolonga y sigue en vigor. Y en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro decretó en diciembre de 2022 el estado de excepción en zonas de alta criminalidad (Distrito Central y San Pedro Sula) por un mes, que también se prolonga hasta hoy. Mientras que en Costa Rica, la semana pasada el presidente Chaves invitó a Bukele para iniciar simbólicamente la construcción de una nueva megacárcel de alta seguridad.
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