Los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias” integraron cambios en torno a tres temas: atención a quejas, sanciones y diferencias entre información y opinión, dijo la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano Rodríguez.
En conferencia de prensa, informó que a cinco días de que concluyó la consulta pública, se aprobaron los lineamientos anteriores, los cuales entrarán en vigor 30 días naturales después a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Rechazó que haya censura o se vaya contra la libertad de expresión, lo cual consideró como “un mito”.
Con los ajustes que se hicieron “queda claro que la CRT no revisará contenidos, tutelará” que se cumpla con el procedimiento, para que se le conteste a la audiencia y se le respeten sus derechos, pero “no se revisará la respuesta” de los medios a los quejosos.
Añadió que con esos lineamientos “no hay espacio ni de interpretación, ni de subjetividad, porque los procedimientos dan certeza…no se hacen consideraciones sobre contenidos, no se revisan, de eso responde el medio, es su responsabilidad del medio, lo que sí se revisa es que siempre dé respuesta…en los plazos que se indican para el procedimiento”.
Para México Evalúa, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sí podría ampliar su margen de intervención sobre el funcionamiento interno de los medios de comunicación con los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, al grado de que se podrían “restringir contenidos o evitar decisiones editoriales controvertidas”.
La organización presentó un análisis y una serie de propuestas, derivados de la consulta para discutir el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en donde identificó dos puntos que podrían poner en riesgo a los medios de comunicación y a las empresas periodísticas.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuestionan que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pueda asumir la última palabra sobre contenidos difundidos por radio y televisión, y sancionar a los concesionarios cuando determine que una información es falsa, descontextualizada o desactualizada.
Para Human Rights Watch, Article 19 y otras organizaciones, estas facultades abren la puerta a una intervención del Estado sobre decisiones editoriales y podrían afectar la libertad de prensa.
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