Cristóbal Sántiz Jiménez, preso por defender las comunidades desplazadas de Aldama, Chiapas

Hasta el 14 de marzo de 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez trabajó como vigilante en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ese día, cuando salía del trabajo, fue detenido por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acusado de “homicidio calificado”. Desde entonces, está detenido preventivamente por un crimen que no cometió: Cristóbal no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde su nombramiento como portavoz de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama en 2017, Cristóbal ha denunciado públicamente los ataques armados, robos, destrucción de cultivos y quema de casas perpetrados por un grupo armado de corte paramilitar del municipio de Chenalhó contra la población de Aldama, de donde es originario. El origen de la violencia: un conflicto de más de cuatro décadas entre ambos municipios por la tenencia de 60 hectáreas de tierra que las autoridades mexicanas y de Chiapas han sido incapaces de resolver. Dos años antes de su detención, Cristóbal ya había sido acusado y posteriormente absuelto por el delito de “homicidio calificado”. No es casualidad. Es más bien una continuación del hostigamiento ejercido en su contra tanto por actores estatales como por el grupo de corte paramilitar de Chenalhó por su defensa de los derechos comunitarios de los desplazados de Aldama. La organización internacional de defensa de defensores, Front Line Defenders con sede en Irlanda, hace un llamado por la liberación de Cristóbal Sántiz Jiménez.