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La Minuta

Criminalizar: “mecanismo de presión”, 61 personas con denuncias por oponerse al Interoceánico

En esta tercera entrega de la investigaciónCorredor Interoceánico: Una historia de imposición, despojo y violencia”, la periodista Alejandra Crail documenta casos de defensores que han sido o están siendo perseguidos legalmente por oponerse al corredor interoceánico. Se identificaron al menos 61 personas reconocen carpetas en su contra, lo que para activistas y afectados significan formas de “mecanismos de presión” para abandonar la lucha.

La criminalización en contra de personas que se oponen a obras del Corredor Interoceánico es el mecanismo que ha utilizado el gobierno mexicano para amainar la defensa del territorio. Los afectados son habitantes que han enfrentado una mezcla de actos arbitrarios como parte de la implementación del megaproyecto: consultas amañadas, firmas falsificadas que avalan venta de tierras y falta de información, por mencionar algunos.

Para este trabajo periodístico y de acuerdo a entrevistas de información brindada por organizaciones de las sociedad civil se permite determinar que la mayoría de los acusados (42) son hombres, aunque hay también 14 mujeres y otras cinco personas cuya identidad no pudo determinarse. El 97% son personas indígenas Binnizá, Ayuuk o Zoques. También se incluyeron denuncias públicas realizadas por los pobladores en las que se identificaron las carpetas de investigación que se les imputaron.

La investigación también señala que según datos de las mismas dependencias se muestra un incremento del número de denuncias interpuestas por el gobierno mexicano en los estados donde se realizan obras en pro del “desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Las obras son carreteras, rehabilitación de vías, hasta la ocupación territorial para parques industriales. En 2019 hubo solo 33 carpetas de investigación abiertas, pero para 2022 la cifra se elevó a 452.

A nivel estatal, la Fiscalía de Oaxaca ha recibido 29 denuncias por robo, daños, fraude, despojo y ataques a las vías de comunicación de estas dependencias federales. En los casos documentados para la investigación, estas carpetas son las que mayor riesgo han representado para los habitantes del Istmo porque les han girado órdenes de aprehensión y sentencias.

Tal es el caso de la comunidad de Puente Madera y el defensor David Hernández Salazar quienes en los últimos años se han opuesto a la instalación de un polo de desarrollo en su territorio, hasta que este 17 de junio de 2024, después de tres años de resistencia, la comunidad aceptó la instalación del parque industrial. Esa fue la ruta final para obtener su libertad plena. A cambio, Puente Madera obtuvo la revocación de la sentencia y absolución de Hernández Salazar, así como el no ejercicio de la acción penal en contra de las otras 17 personas acusadas.

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