La Corte Suprema de Honduras confirmó la sentencia contra siete de las personas condenadas por el asesinato en marzo de 2016 de la activista Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro. La Corte declaró este martes «firme y ejecutable» las sentencias de entre 22 y 50 años de cárcel contra siete de los ocho acusados por el atentado ocurrido el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza.
Aunque las sentencias suponen un alivio, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres era su coordinadora general, afirmó, que hay «decisiones que no reflejan plenamente la justicia» que exigen, específicamente respecto a los dos ejecutivos que trabajaron en la empresa DESA que impulsaba la construcción en territorio lenca de la represa Agua Zarca: David Castillo y Sergio Rodríguez.
En el caso de David Castillo, un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos que presidía la hidroeléctrica DESA, “se confirma la sentencia de David Castillo como coautor, aunque se han modificado los agravantes, lo que implica una reducción de la condena”, indicó el COPINH. Castillo fue condenado en 2022 a 22 años y medio de cárcel. La misma Cáceres lo había denunciado por amenazas de muerte públicamente.
En el caso Sergio Rodríguez, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, encargado de la infiltración y des-estructuración comunitaria en Río Blanco, se ha enviado el caso al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación de su sentencia.
Además, el COPINH insistió en que “la justicia hondureña confirma la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres” y que “quedan por capturar y enjuiciar a los autores intelectuales”, refiriéndose a la familia Atala, propietaria de DESA.
Por su parte, también la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reitera: “Los altos responsables detrás de este crimen -miembros de la familia Atala- siguen sin ser llevados a juicio”. Berta Cáceres, conocida como defensora de los ríos, era la más emblemática ambientalista de Honduras. Había recibido el premio Goldman un año antes de su asesinato.
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