EDUCA analiza la iniciativa que presentó el gobernador Salomón Jara al Congreso Local, que consiste en la reforma al artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, donde se contempla el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar que incorpora una serie de “incentivos” para que se regularice la tenencia de la tierra.
Esta acción desató una serie de declaraciones de actores políticos, organizaciones, comunidades agrarias y ejidos de diversas regiones del estado, pese a las protestas la iniciativa fue aprobada. Los afectados argumentan la gravedad de la actuación de un gobernador que se ha identificado como indígena, pues la citada iniciativa violenta la autonomía y el orden constitucional. Todo esto se da en el contexto de la inauguración del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
La medida coloca en el ojo del huracán el tema de la propiedad social. El argumento gubernamental es el aumento de la recaudación al gobierno estatal y los municipios, sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha beneficiado a los y las cuidadoras de los territorios protegidos por la propiedad social. Los municipios en la mayoría de los casos no distribuyen a las agencias y localidades los recursos de los Ramos 28 y 33, se colocan además como uno de los ámbitos más opacos y con malas prácticas de rendición de cuentas a las y los habitantes.
Violentando el marco de leyes en un sistema federal, el gobierno estatal promoverá su PROCEDE a modo, la pregunta sigue siendo vigente ¿CERTEZA JURIDICA para quién? Desde siempre el capital voraz argumenta que la propiedad social es un peligro para las inversiones. Toca entonces volver a fortalecer los mecanismos colectivos de toma de decisiones (asambleas) los trabajos colectivos para el cuidado del territorio, la incorporación de mujeres y jóvenes en los espacios colectivos de participación, la formación política y la construcción de narrativas comunitarias, porque el capital y sus operadores vendrán una y otra vez a donde hay un interés de comprar y vender, hasta el aire.
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