“¿A quién defiende la defensoría del pueblo?” es una pregunta que surge a raíz de la denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que busca la prisión preventiva de dos mujeres, Karla y Magda, a pesar de haber permanecido 10 meses en prisión.
Su caso ha sido denunciado por organizaciones feministas y de presos políticos por las diversas violaciones a sus derechos que se han cometido desde sus detenciones. Karla y Magda fueron detenidas en abril del año pasado en un fuerte y desproporcionado operativo policiaco contra las integrantes de la Casa Okupa Cuba, ellas y otra integrante fueron privadas de su libertad acusadas de delitos de robo agravado, daño a la propiedad y delitos contra la salud.
La Okupa Cuba fue nombrada así el 7 de septiembre de 2020 por familiares y víctimas de la violencia y mujeres feministas, para ser un centro cultural y refugio. Esto, después de haber tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la creciente violencia contra las mujeres en México, acelerada por el encierro que el COVID 19 dejó, y, la inoperancia de los órganos de justicia ante los 11 feminicidios por día, contabilizados en abril de ese año. Pasaron 10 meses en la cárcel de Santa Marta Acatitla, hasta que su familia, colectivas y organizaciones tras una batallas legal lograron su libertad en el mes de febrero de este año. Una disculpa pública ofrecida a la profesora María Eugenia Reyes por los hechos ocurridos el 13 de abril del 2022, así como la reparación integral del daño, les abrió la posibilidad de la prisión condicional.
Sin embargo la carpeta se volvió abrir, pues ahora el INAH se había convertido en denunciante. Cuando la CNDH abrió la carpeta de investigación contra las feministas, el INAH sólo formaba parte del peritaje. Su función era determinar los daños al inmueble de República de Cuba. Karla y Magda señalan que han buscado el dialogo con las autoridades, la CNDH y el INAH no quieren recibirlas, y cuando lo hacen, lo hacen en la calle.
Su situación jurídica se decidirá hoy 25 de octubre, lo que implicaría volver a prisión mientras el juicio se desahoga. La defensa de las activistas estima que esto puede tardar dos años. “Su caso, es el ejemplo de una aparente descomposición al interior de la CNDH, donde en medio de las renuncias de todo su consejo consultivo, quienes hicieron denuncias graves sobre el actual rumbo de la institución, abre la interrogante: ¿a quién defiende la defensoría del pueblo?” escribe Isabel Briseño.
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