El Congreso de Chiapas aprobó con 33 votos a favor y 1 en contra, reformas a la Constitución local a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, con las cuales se abre la posibilidad de despenalizar el aborto durante su siguiente periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de junio del próximo año en la entidad.
La noticia fue recibida con júbilo por colectivas feministas por el derecho a decidir, que se manifestaron con pañuelos verdes en la sesión ordinaria de este martes. Y es que, Chiapas es uno de los estados que registra más casos de muerte materna y un alto número de embarazos en niñas y adolescentes.
Esta iniciativa, reforma al Artículo 4 de la Constitución Política de Chiapas, eliminando en la Ley local el párrafo que establece la protección legal de la vida desde la concepción, permitiendo a las mujeres y personas gestantes decidir sobre su cuerpo. “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en la legislación penal del estado de Chiapas”.
El pasado 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Chiapas a que, a más tardar durante su próximo periodo de sesiones, legalice el aborto en la entidad, un problema de salud pública.
Por su parte la legisladora petista, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, recordó el caso de Esmeralda, quien fue víctima de violación sexual y el Estado la criminalizó.
“No permitamos que nos roben la palabra ‘vida’, nosotras también estamos a favor de la vida. ¿Y la vida de las mujeres? ¿Qué me dicen de Esmeralda? Que fue víctima de violación, que ha vivido una cadena de violencia estructural, cultural, víctima de estigmatización, una niña de 14 años que debería estar jugando, viviendo su adolescencia, crecer y vivir libre y feliz. Pero fue víctima de violencia sexual y después del Estado, de la indolencia y del conservadurismo, pues con total desconocimiento de su embarazo, tuvo un aborto espontaneo y fue criminalizada, perseguida por el sistema de salud y le judicial”, reiteró.
El Pleno consideró que la disposición invalidada era lesiva de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por no permitir la interrupción del embarazo durante la primera etapa de gestación (primeras doce semanas), aunado a que acotaba la posibilidad de realizar el aborto en supuestos muy específicos.
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