En solo dos días, el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizó una consulta en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca en la que se aprobó la construcción de la presa Margarita Maza antes llamada Paso Ancho, proyecto que forma parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La consulta se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, en tres asambleas comunitarias, según la Conagua, aunque no especificó de qué comunidades, y contó con la participación de representantes de 40 comunidades de la región, quienes emitieron mil 655 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
El proceso difiere de los estándares internacionales que exigen que las consultas a pueblos indígenas, sean previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas. Fue coordinado por la Conagua, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
A principios de este mes, cinco días antes de la consulta, autoridades del municipio de San Vicente Coatlán, que mantiene un conflicto agrario con Sola de Vega, advirtieron que de continuar el proyecto de la construcción de la presa, sin solucionar el problema podría ocasionar violencia o enfrentamientos entre ambas poblaciones.
La comunidad explicó que parte de la presa será construida dentro de su territorio, el cual disputan desde el año 1970 con Villa Sola de Vega, por un error en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La aprobación de esta presa, también se da a pesar de que ha sido calificada desde 2024 como inviable técnica, social y jurídicamente, además de costosa, por al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca.
Para el observatorio ciudadano, una obra de esta envergadura constituye un asunto de evidente interés público por ello haciendo uso del derecho a la participación pública que se establece en el Artículo 1 del Acuerdo de Escazú, firmado por el Estado mexicano, pide la aplicación de principios de publicidad y transparencia, algo que, dicen, hasta la fecha no ha sucedido.
Además, señalan, sin un proceso de información ni consulta de fondo a los pueblos originarios por donde pasará el acueducto, la comunidad donde estará la planta potabilizadora y finalmente a la población de la zona metropolitana de Oaxaca, esta obra parece emular “el desastroso proyecto de Paso Ancho”.
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