En 2016 el derecho de aborto para las víctimas de violación se convirtió en una norma en todo el país. La NOM-046-SSA2-2005 dicta que para que las víctimas accedan a ese derecho basta declarar bajo palabra haber sido violadas. Sin embargo, aunque está en la ley, en estados como Aguascalientes y Baja California, no se cumple. En estas dos entidades fue impugnada la norma el mismo año de su creación por supuestas controversias constitucionales, con el argumento de que no cumplía con los requisitos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Tres años después, el 5 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la existencia de estas contradicciones. Para organizaciones feministas, sin embargo, esto no garantiza el acceso al derecho al aborto por violencia sexual, ya que en estos estados el conservadurismo encontró maneras de librar la ley, de la mano de la burocracia, la moral y de la misma NOM 046, escribe la periodista María Fernández Ruíz. En Aguascalientes, por ejemplo, las instituciones de salud evitan realizar las interrupciones legales de los embarazos derivados de una violación, argumentando que no existen médicos no objetores de conciencia, es decir aquellos médicos cuyos principios morales y/o creencias religiosas no les impidan practicar un aborto. Y en Baja California, luego de la ratificación de la SCJN de que las mujeres víctimas de violación tienen el derecho de abortar antes de las 12 semanas de embarazo, grupos cristianos realizaron una rueda de prensa para declarar que seguirán impugnando.
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