En una entidad afectada por la escasez de agua, decenas de personas y colectivos se manifestaron en la capital de Chihuahua y en Ciudad Juárez en rechazo al acuerdo de cooperación hídrica establecido entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Durante la jornada también exigieron un alto al fuego en Gaza y la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales de México con el Estado de Israel.
Los manifestantes cuestionaron el convenio firmado en 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y la agencia israelí Mashav . Acusan que el acuerdo replica un modelo de gestión que favorece intereses privados sobre las necesidades locales. Este plan de cooperación técnica tiene vigencia hasta 2027 y contempla el intercambio de conocimientos en materia hídrica . Sin embargo, organizaciones ambientalistas encontraron que el convenio nunca se inscribió en el registro nacional correspondiente.
La protesta fue convocada en la capital por los colectivos Salvemos los Cerros de Chihuahua y Asamblea Feminista, que acusaron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván y al director de la JCAS, de promover el sionismo como proyecto político colonial y hacer negocios con un gobierno que comete genocidio en Palestina.
Según los activistas de Salvemos los Cerros, este convenio genera preocupación de quién decide sobre el agua de Chihuahua y bajo qué intereses se ha implementado sin transparencia ni participación ciudadana, además, su objetivo no es alcanzar la distribución justa del recurso hídrico, sino favorecer los negocios agrícolas.
Carlos Olvera , director de la Eskuela Radical de Chihuahua, explicó que miles de familias enfrentan cortes y tandeos constantes del servicio. Mientras tanto, el 83 por ciento del agua estatal se destina a cultivos de exportación como nuez, alfalfa y algodón.
Los manifestantes exigieron durante la protesta cancelar de inmediato el convenio con la agencia israelí. También pidieron revisar a fondo el uso actual de las concesiones hídricas otorgadas en el estado.
Además, exigiron que el gobierno estatal garantice el acceso al agua como derecho humano básico. Rechazaron que este recurso siga funcionando como negocio para unos cuantos productores agrícolas.
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