Hace siete años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) responsabilizó al Estado mexicano por la represión y torturas en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando reprimió protestas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Ahora, al revisar el cumplimiento de la sentencia, expone que la Fiscalía mexicana no ha avanzado en la investigación contra los policías.
El 3 y el 4 de mayo de 2006 un operativo del Gobierno del Estado de México —encabezado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto— con agentes municipales y federales, lanzado para reprimir unas protestas, sembró el terror en la comunidad de San Salvador Atenco. Los uniformados arremetieron contra vecinos y activistas que se manifestaban contra la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco. Al menos 200 personas fueron violentamente detenidas, muchas torturadas. Dos menores murieron. No hay un solo condenado.
Once mujeres que fueron detenidas de forma arbitraria, humilladas y torturadas sexualmente en estos operativos policiacos, se resisten al olvido. Mantienen su exigencia de verdad y justicia, así como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2018, que declaró la responsabilidad internacional de México en la tortura sexual cometida en contra de las denunciantes.
En 2025, la Suprema Corte tomó cartas en el asunto y determinó, por unanimidad, que el Gobierno tiene que acatar la resolución de la Corte Interamericana. Aunque también se lavó las manos. Los jueces concluyeron que, para intervenir, la Fiscalía primero tiene que terminar sus investigaciones. “Se están aventando la bolita unos a otros”, lamenta Edith Rosales, una de las sobrevivientes de la tortura sexual, en entrevista con El País.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco sostuvo que a 20 años de la represión del pueblo por parte de las fuerzas federales y estatales, la justicia no ha llegado y el “mayo rojo” sigue sin castigo: “Ningún violador o asesino ha sido juzgado. Ningún autor intelectual ha sido condenado. Desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policiacos, ninguno de ellos han sido, siquiera, requeridos por un tribunal”, dijo Hortencia Ramos, integrante del FPDT, ante la asistencia de la Presidenta, Claudia Sheinbaum en la explanada municipal de Atenco.
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