1.- Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo primero de julio, este proceso político quedará marcado por el conflicto, la polarización social y la violencia. La violencia política ha alcanzado números alarmantes, 132 personas vinculadas a partidos o agrupaciones políticas, incluyendo 48 candidatos, han sido asesinadas desde el inicio del proceso electoral, en comparación con los 9 asesinatos del proceso electoral anterior. El estado de Oaxaca se encuentra entre las entidades donde se han cometido el mayor número de crímenes, según Etellekt Consultores, hasta el 3 de junio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuanto a violencia electoral, con 18 asesinados antecedido por Guerrero con 24, sin sumar los 6 asesinatos de los últimos días.
2.- En el caso de Oaxaca, las elecciones adquieren un matiz especial. El estado se ha caracterizado por ser considerado un laboratorio social en diversos temas: organización comunitaria, conflictos sociales y explotación de bienes naturales. El Atlas de Justicia Ambiental ha documentado 2,445 conflictos en el mundo hasta junio de 2018. Estos conflictos se gestan por la implementación de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. En Oaxaca tenemos un elevado número de conflictos socioambientales por la ejecución de proyectos, mineros, eólicos, así como la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.
3.- Esta problemática no ha sido analizada por ninguno de los candidatos o candidatas a puestos de elección popular, como si no existiera. En su excesivo pragmatismo por ganar elecciones prefieren hacer la vista a un lado. Los partidos políticos, así como los grupos económicos, tampoco se han pronunciado por una alternativa a la devastación socioambiental, ni por una agenda distinta a la industria extractiva. Todo lo contrario, se han fortalecido los mecanismos judiciales para la privatización de los bienes naturales. Una muestra de ello es la aprobación de decretos para levantar la veda a 300 cuencas acuíferas en el país. La disputa político electoral de 2018 es también la disputa por los bienes naturales.
4.- En suma, durante las campañas proselitistas, ninguno de los candidatos, ni de la izquierda ni de la derecha, presentaron propuestas de fondo para modificar la situación estructural en el país. En la campaña electoral los y las candidatas únicamente anunciaron una lista de propuestas o buenas intenciones en los temas de salud, educación, justicia, economía, etcétera. La mayoría de los candidatos/as menciona el ¿qué? pero no el ¿cómo? afrontar los problemas. Las y los candidatos se dedicaron más a desmentir o descalificar a sus contrincantes convirtiendo las campañas en un “circo electoral” y una dilapidación de los recursos económicos, que para este proceso rebasaron los 38 mil millones de pesos.
5.- La compra y coacción del voto se convirtió en una constante en la política electoral de Oaxaca. Todos los partidos han actualizado sus estrategias para comprar y coaccionar el voto. Las despensas, machetes, dinero, sombreros, cemento, son algunas dádivas que los partidos ofrecen a los ciudadano/as. Es evidente que continúa la “compra de conciencias”, sin que la FEPADE sancione este tipo de acciones.
6.- Por otro lado, y ante la posibilidad de una nueva alternancia política en México, es importante revisar de manera crítica lo que ha sucedido en nuestra entidad, pues tenemos la experiencia de la “alternancia” en Oaxaca, en el pasado reciente. La alternancia, tanto a nivel municipal como estatal, no ha modificado el ejercicio de gobierno. Las prácticas de gobierno autoritarias y rapaces continúan y no han sido modificadas por los gobiernos de alternancia.
7.- Es por ello que el 1 de julio tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas de ejercer nuestros derechos políticos, de manera libre e informada, para contribuir desde las urnas al fortalecimiento de la democracia, además necesitamos una sociedad civil unificada, organizada y crítica que reaccione ante cualquier agresión contra el pueblo mexicano, contra cualquier modificación o aprobación de leyes que pongan en riesgo los territorios, los derechos humanos y las libertades que se han conquistado.
8.- Después del 1 de julio debemos seguir construyendo ciudadanía, independientemente de quien llegue al poder. Los verdaderos cambios son los que suceden desde abajo y los que nos animan a construir una nueva cultura democrática. También apremia reconstruir el tejido social, dañado por el ambiente electoral.
9.- EDUCA reafirma que el verdadero cambio se realizará con la movilización de las personas, con la exigencia de los derechos de la ciudadanía, con la incidencia a nivel local, con el pleno ejercicio de los derechos humanos. La ciudadanía hoy más que nunca debe estar en movimiento, tiene que estar vigilante de lo que realice el gobierno electo, en los ámbitos federal, estatal y municipal.
10.- Después del primero de julio comenzaremos un nuevo ciclo en la dinámica social y política del país. Nuevos desafíos se presentarán y nuevas problemáticas habremos de enfrentar. El reloj de la historia marcará un nuevo tiempo para pensar otra forma de participación ciudadana que está por construirse.
¡Justicia para María del Sol Cruz Jarquín!
¡Alto a la violencia política en Oaxaca!
Servicios para una Educación Alternativa A.C- EDUCA.
Oaxaca de Juárez, 28 de junio de 2018.
Versión en inglés: Political analysis of elections in Mexico: Rethinking citizenship after July 1st