La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), integrada por más de 220 comunidades indígenas y afromexicanas del país, rechazó el proceso de consulta impulsado por el Estado mexicano sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que se limitó a informar sobre la propuesta legislativa, sin escuchar efectivamente las voces de los pueblos y comunidades.
En un pronunciamiento difundido en el marco del Día de la Resistencia Indígena, la organización sostuvo que una consulta debe garantizar la participación efectiva, con información clara, suficiente y oportuna, tiempos adecuados para el análisis comunitario, respeto a los sistemas propios de decisión y la posibilidad de participar en las mesas de trabajo en sus respectivas lenguas.
ALDEA exigió transparentar las propuestas recibidas durante el proceso y hacer pública la metodología utilizada para incorporar las observaciones y recomendaciones presentadas por las comunidades y regiones participantes.
También advirtió que la legislación debe proteger los derechos colectivos y territoriales, sin permitir que las decisiones estatales sobre áreas estratégicas, política industrial o proyectos energéticos —incluidos los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar— se conviertan en excepciones al ejercicio de esos derechos.
La alianza reconoció que la reforma al artículo 2 constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, representa un avance al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Sin embargo, señaló que este reconocimiento debe traducirse en condiciones reales para ejercer la libre determinación y la autonomía, sin depender de la voluntad de las instituciones gubernamentales.
Entre sus demandas, planteó que la nueva ley reconozca la autonomía como un derecho, respete los sistemas normativos y las formas propias de gobierno, garantice la jurisdicción indígena en condiciones de coordinación y asegure presupuesto directo, suficiente y oportuno para las comunidades.
ALDEA recordó que la exigencia de una nueva relación con el Estado está presente desde los Acuerdos de San Andrés y reiteró que la legislación debe construirse a partir de las realidades y decisiones colectivas de los pueblos.
“La autonomía efectiva” requiere, subrayó, redistribuir el poder, proteger los territorios y garantizar recursos para que las comunidades decidan sus prioridades y construyan su futuro desde sus propias formas de vida.
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