A más de un mes del asesinato del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, las investigaciones no avanzan. La Fiscalía del estado de Guerrero, gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, está más a la expectativa de lo que la familia pueda aportar, que en ahondar en las líneas de investigación, acusó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachnillan, Abel Barrera Hernández.
“Hay un desfase abismal entre los crímenes que se cometen y las investigaciones que se judicializan”, afirma el Tlachinollan en su balance “Gobiernos sin justicia”. “Las deficiencias del órgano investigador son graves porque esperan que las pruebas las aporten las víctimas. Sin estos elementos las indagatorias no avanzan, no hay interés por recabar otras pruebas, por identificar patrones en el modo de operar de quienes delinquen”, reitera en su balance crítico tras varios años de gobiernos de la Cuarta Transformación.
“El caso de Marco Antonio Suástegui es un ejemplo de esta inoperancia de la fiscalía. A 30 días de su asesinato no hay avances en la investigación. Es grave que no se hayan recabado más pruebas en el lugar del crimen y que no cuenten con datos duros para trazar las líneas de investigación”. En este gobierno de la 4T “no es una prioridad transformar las fiscalías”, reitera el Tlachinollan.
El 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte del defensor, derivado de las heridas por el ataque a balazos que sufrió el viernes 18 de abril, en plena Semana Santa, en la playa Icacos, en Acapulco. Suástegui defendió al río Papagayo de intereses económicos, como son la CFE y empresarios gravilleros, buscaba a su hermano Vicente desaparecido en 2021 y luchó por el reordenamiento de las playas en Acapulco para que quedaran en las manos de prestadores de servicios de las colonias.
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