A 11 años de la emboscada impune en San Juan Copala, familiares llevarían caso ante justicia internacional

Ante la impunidad que prevalece en torno al asesinato de Alberta (Bety) Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y de Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, quienes viajaban en una caravana de paz rumbo a San Juan Copala, Oaxaca, familiares de las víctimas pretenden llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Han decidido dejar de esperar que se haga justicia en México. Fue el 27 de abril de 2010, alrededor de las 14:30 horas, que una veintena de hombres con armas largas se desgajaron de uno de los cerros del predio de dominio priísta La Sabana. Portaban AK-47 o cuerno de chivo y emboscaron a la hilera de autos que se dirigía pacíficamente al municipio autónomo de San Juan Copala. Las balas entraron por decenas en cada automóvil, perforaron parabrisas, toldos, puertas. Mataron a Bety Cariño y a Jiry Jaakkolaa e hirieron a casi una decena de personas, entre ellos: defensores de derechos humanos y maestros. Dos periodistas de este semanario permanecieron desaparecidos por más de 60 horas. Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, comenta que se han tenido pláticas con la familia de Jyri Jaakkola y en poco tiempo podría llevarse el caso ante la CIDH. El proceso se ha interrumpido por la pandemia de Covid-19, pero en la medida que se reduzca el riesgo por esta contingencia será reactivado, comenta. Para Omar Esparza, ya no hay otro paso en las instancias del gobierno federal ni en el de Oaxaca, “con el Estado mexicano ya no hay nada por resolver. Acotamos 11 años todas las instancias necesarias para lograr la justicia”.