La semana pasada, en Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc en la Montaña de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró sus 31 años como un sistema propio de seguridad y justicia comunitarias, sustentado en sus sistemas normativos y en el artículo segundo de la Constitución Política mexicana. En esta ocasión, se aprobaron importantes modificaciones a su reglamento en la reeducación de las niñas, niños y jóvenes, la participación de las mujeres, el uso de las armas de alto poder para hacerle frente a la violencia y la reelección de coordinadores y consejeros.
Las autoridades comunitarias que participan este sistema de justicia indígena están muy preocupadas por la entrada de los grupos de la delincuencia en la Montaña y la Costa Chica: “A las niñas, niños y adolescentes indígenas de la Montaña, la extrema pobreza los hunde en la violencia y son presa fácil de los grupos de la delincuencia que aprovechan el grado de vulnerabilidad que enfrentan”, alerta el Tlachinollan. Ante este panorama, las y los asambleístas aprobaron por unanimidad el capítulo XI de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el procedimiento de reeducación del reglamento de la CRAC-PC.
Otro de los acuerdos busca ampliar la participación de las mujeres en la estructura de autoridades comunitarias y establecer una Comisión Especial de Mujeres en cada Casa de Justicia. Entre los planteamientos que surgieron de asambleas regionales destaca el uso de armas de mayor calibre que las escopetas autorizadas hasta ahora a los policías comunitarios, con el objetivo de hacer frente a la delincuencia.
Esta organización indígena cuenta con seis casas de justicia en San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso, Caxitepec y Chilixtlahuaca, donde aseguraron que el índice de violencia ha disminuido hasta 90 por ciento. De acuerdo con el padrón actualizado, el proyecto comunitario de la CRAC-PC que nació el 15 de octubre de 1995 tiene presencia en 160 comunidades de 28 municipios de Guerrero. La CRAC-PC basa su legitimidad y operación en un marco jurídico que combina el derecho consuetudinario indígena con el pluralismo jurídico reconocido a nivel estatal (Ley 701), nacional e internacional.
En su intervención, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández aseguró que la CRAC-PC no sólo ha enfrentado la violencia, sino que también mantiene la resistencia ante las empresas madereras y los trámites burocráticos que obstaculizan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas organizados.
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