El gobierno federal sostiene que la consulta indígena sobre la presa Margarita Maza, conocida como Mujer Solteca, contó con el respaldo de las comunidades. Sin embargo, los documentos que permitirían verificar cómo se desarrolló ese proceso permanecerán ocultos hasta 2031. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) decidió reservar por cinco años el expediente de la consulta al argumentar que hacerlo público afectaría la defensa del Estado en dos juicios de amparo promovidos precisamente por presuntas irregularidades en el proyecto.
Esta decisión coloca al gobierno en una paradoja: mientras sostiene que la consulta cumplió con los principios que exige el derecho de los pueblos indígenas, impide conocer las actas, la metodología, los registros de participación, las intervenciones de las autoridades y los demás documentos que permitirían corroborar si el procedimiento respetó el derecho de las comunidades a una consulta previa, libre e informada.
La decisión surgió tras una solicitud de acceso a la información presentada por El MuroMx, que buscaba conocer el expediente completo de la consulta indígena, desde los acuerdos previos y las etapas de preparación, hasta las actas, los resultados, la sistematización del proceso y las responsabilidades de cada institución involucrada. En su respuesta, Conagua argumentó que divulgar esa información podría revelar mecanismos internos, vulnerabilidades y estrategias de defensa que afectarían la posición jurídica del Estado en los juicios de amparo promovidos contra el proyecto.
Pero la propia justificación de la reserva revela otra contradicción: los dos juicios de amparo utilizados por Conagua para clasificar la información cuestionan, entre otros aspectos, la transparencia y el correcto desarrollo del megaproyecto. Es decir, el Estado utiliza los litigios que denuncian posibles irregularidades para impedir el acceso a los documentos que permitirían revisarlas. Ambos amparos obtuvieron suspensiones provisionales, aunque han sido desacreditados públicamente por el Gobierno de Oaxaca.
Así, las autoridades sostienen que la consulta fue válida, pero los documentos necesarios para verificar cómo se desarrolló permanecerán fuera del escrutinio público hasta 2031.
Ante la escasa información disponible, El MuroMx solicitó respuestas a Conagua, al INPI y a otras diez dependencias estatales y federales para conocer cómo se planeó y ejecutó la consulta. La mayoría respondió que no participó directamente en el proceso o remitió la responsabilidad a Conagua, la misma institución que posteriormente clasificó la información.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que no tuvo conocimiento de la consulta, pese a que su presencia habría sido relevante como órgano garante del respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
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