Después de solicitar firmas a la ciudadanía el mes pasado, hoy más de 300 organizaciones, comunidades y personas han solicitado la intervención de la Supresa Corte de Justicia de la Nación para que atraiga su caso y pueda poner un freno a la violación de los derechos humanos, al medio ambiente y la salud, y a la libre determinación como pueblo indígena, ocasionada por la operación de una megagranja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán.
Dicha megagranja se instaló sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales señalaron organizaciones y colectividades que respaldan la lucha de Chapap, misma que en 2021 obtuvo una suspensión definitiva de la granja dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por la operación de la mega granja, pero el juicio fue desechado por el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, a quien se le aduce un accionar favorable para los intereses del empresariado porcícola, como lo evidencia su intervención en otros litigios de comunidades mayas también afectadas por esta misma industria, señalaron en su comunicado.
Además de litigio, la integrantes de la comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja, misma que produce más de 48 mil cerdos por ciclo, generando con ello una gran cantidad de residuos que provocan un infinidad de problemas ambientales y sociales. Sin embargo, las autoridades estatales han negado contar con las facultades para la realización de la consulta, a pesar de que la consulta previa y la participación pública son obligaciones constitucionalmente reconocidas en México.
“Es preocupante la reiteración, en los tribunales del Poder Judicial Federal, de criterios arbitrarios y alejados de los estándares de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” comentan los pobladores quienes temen que su caso sea nuevamente resulta a favor de la empresa porcícola.
Finalmente señalaron que si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios.
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