Habitantes del municipio de Chapab, Yucatán, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del amparo en contra de una mega granja porcícola «Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán», que desde 2017 se instaló y opera en su territorio sin su consentimiento.
Al menos 10 comunidades mayas de Yucatán también han denunciado la situación, en su comunicado afirmaron que “atrae el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena”.
Integrantes del colectivo Kanan Lu’um Moo —“cuidar la tierra”, en maya —, han denunciado las distintas irregularidades de la mega granja porcícola “Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán” que produce 48 mil cerdos por ciclo de producción.
Este caso fue asignado al magistrado Jorge Enrique Eden Wynter, quien le ha dado la razón a las megas granjas porcícolas en tres ocasiones anteriores. Después de años de buscar justicia a nivel local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios internacionales y nacionales de derecho.
Además el colectivo Kanan demandan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán realice la consulta, sin embargo, la SDS se declaró incompetente para llevar a cabo dicha tarea. Esta región de la Península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano después de la Amazonía y conforma la mayor recarga de agua dulce del país.
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