Sobrevivientes de tortura y sus familiares, apoyadas por el Centro de Acompañamiento y Representación Integral en Derechos Humanos y la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura, exigieron concluir los procesos penales abiertos en su contra durante el sexenio de Felipe Calderón.
Las víctimas identifican a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino como operadores de una maquinaria estatal dedicada a la fabricación de culpables, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos para validar la “guerra contra el crimen organizado”.
Apuntaron que “la tortura y violaciones a derechos humanos que sufrimos fueron cometidos con toda la fuerza del Estado, bajo una política de fabricación de culpables, para demostrar resultados en una guerra que nadie ganó y cientos de miles perdimos”.
Tras reseñar sus casos, los 18 sobrevivientes alertaron que son “sólo algunos de los cientos de personas cuyas vidas fueron fracturadas por la corporación que, al mando de García Luna y Cárdenas Palomino, detuvo arbitrariamente, torturó y fabricó pruebas con el principal objetivo de mostrar a la sociedad que la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado funcionaba”.
Cabe recordar que este año lograron la libertad algunos presos de estos años, como los tres acusados en el Caso Tlaxcala detenidos durante 24 años, y Brenda Quevedo, liberada tras 20 años de cárcel y que sufrió tortura sexual.
Cabe señalar que existen más casos de tortura y detención arbitraria que datan del sexenio de Calderón: Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas, en octubre de 2026 cumplió 25 años de encarcelamiento injusto. Su detención ocurrió el 22 de septiembre de 2001 en San Quintín, Baja California, sin orden de aprehensión, y fue incriminado por secuestro y asesinato mediante declaraciones obtenidas bajo tortura.
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