Entre reclamos de justicia y reparación del daño, las viudas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, perpetrada hace 25 años, se dijeron víctimas de impunidad, burla y engaño por parte de los tres niveles de gobierno, pues no hay responsables detenidos ni castigados.
Hace 25 años, 10 indígenas Ñu savi y un estudiante universitario fueron asesinados por efectivos del Ejército mexicano, en la escuela primaria bilingüe de la comunidad y ayer, por la masacre, exigieron justicia el obispo emérito Raúl Vera López y el sobreviviente de la masacre Efrén Cortés Chávez, representantes del municipio indígena Ñu savi, que está en proceso de constitución y del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla, así como dirigentes políticos de izquierda.
La presidenta del Comité de las Viudas de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, denunció que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero (1996-1999), 15 días después del asesinato de 11 indígenas de comunidades mixtecas cometido por elementos del Ejército el 7 de junio de 1998, dio al alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez, un cheque por 55 millones de pesos para reparación de daños a mujeres y heridos, pero días después “el edil nos dijo que el cheque no tenía fondos”.
“Nosotros confiábamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él era más cercano a nuestras comunidades, más comprensible, y nos entendía como indígenas, pero todavía no hemos tenido ninguna solución, y lo que sentimos es desamparo. No tenemos acercamiento con nadie. Sólo Tlachinollan nos ha apoyado”, remarcó la presidenta del Comité de Viudas. “Lo único que pedimos es que se castigue a quienes masacraron a nuestros esposos. Ahora sólo quedamos siete viudas y una madre, porque una ya murió”.
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