El 20 de febrero de 2026, un juez determinó la vinculación a proceso de los imputados Manuel N y Marcos N, por su probable responsabilidad por el delito de lesiones calificadas por haberse cometido con ventaja, robo cometido con violencia física y moral, así como por delitos cometidos contra la libertad de expresión, en perjuicio de David Peralta Betanzos.
El proceso penal se derivó de la agresión y posterior denuncia pública realizada el 9 de abril de 2025 que presentó el fotoperiodista, en conjunto con integrantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, cuando denunció: “Lo que está ocurriendo es un ecocidio. Están destruyendo el río, extrayendo grava y arena de manera ilegal. Yo documentaba esto cuando fui interceptado, amenazado y despojado de mi cámara”.
Con base en lo anterior, la organización ARTICLE 19, por un lado, saluda la vinculación a proceso de los imputados, y conmina a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión FEADLE a seguir impulsando el acceso a la justicia del fotoperiodista mazateco, ya que según lo relatado por el fotoperiodista, hay todavía un margen para lograr la imputación de homicidio en grado de tentativa y amenazas: “En este contexto de asesinatos recurrentes contra periodistas, las amenazas de muerte, los robos de equipos de trabajo, tiene el objetivo de inhibir la labor periodística ante la posibilidad real de escalar a otro tipo de agresiones más violentas”, alerta la organización.
ARTICLE 19 exige que se realice “de manera exhaustiva y diligente todas las actuaciones ministeriales necesarias para integrar adecuadamente la carpeta de investigación, incluyendo la imputación por tentativa de homicidio y amenazas”.
La explotación y el saqueo del río Xanga Ndá Ge por parte de un grupo caciquil en Eloxochitán de Flores Magón, en la Sierra Mazteca de Oaxaca, es una de las causas principales de la alta conflictividad en la comunidad. Tras hechos de crispación social, se liberaron 56 órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad, en una persecución que ha llevado a la cárcel a varios habitantes del pueblo en los últimos 10 años. El miedo y el clima represivo ha hecho posible que la explotación del río pase desapercibida, constató la primera Misión Civil de Observación en esta comunidad mazateca en octubre de 2025.
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