Ayer, grupos armado defendieron a balazos la cuestionada reelección del rector Walter Mazariegos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Un estudiante universitario que pertenece a la resistencia fue herido en el rostro luego de un disparo de mortero desde el campus central en la capital de Guatemala.
En distintos puntos de las entradas de la universidad pública se han captado imágenes de los que tienen las armas apuntando a los estudiantes, mientras que los policías permanecieron de espectadores. “La USAC se ha convertido en una cárcel, está secuestrada”, afirmó Rodolfo Chang, de la agrupación DIRE USAC.
Cabe recordar que en 2022, Walter Mazariegos se auto nombró rector de facto en medio de múltiples señalamientos de fraude electoral y en la madrugada de ayer tomó nuevamente posesión en un acto secreto, pese al fraude denunciado por los estudiantes, colegios profesionales, académicos y organizaciones sociales.
Los estudiantes y docentes han denunciado la forma fraudulenta en la que ganó la rectoría excluyendo a los cuerpos electorales opositores de la elección. Se han presentado más de una docena de acciones legales en contra de la reelección de Mazariegos. Sin embargo, Annabella Morfín, nueva presidenta de Corte de Constitucionalidad, no convocó para conocer acciones contra su reelección, y el MP de Gabriel García Luna no operativizo ninguna de las 17 denuncias contra Mazariegos. Ambos funcionarios fueron nombrados recientemente por el presidente Bernardo Arévalo.
Detrás del conflicto en torno a la universidad pública hay mucho más que un simple asunto interno de la propia institución. La USAC ostenta una posición de poder, probablemente única en el mundo, dentro de las estructuras estatales. Nombra a uno de los cinco magistrados de la Corte Constitucional, preside la comisión que selecciona a los candidatos para la Fiscalía General, tiene derecho a voto en diversos órganos sobre cuestiones presupuestarias y cuenta con un puesto en el Banco Nacional.
Desde 2014, el llamado “pacto de corruptos” se ha infiltrado sistemáticamente en las instituciones estatales y, con el primer fraude en las elecciones universitarias de 2022, también ha puesto a la USAC bajo su control. Esta red de políticos, empresarios, militares, élites burocráticas y actores del crimen organizado fue formada para garantizar impunidad, asegurar el control de las instituciones del Estado y evitar procesos judiciales por casos de corrupción. El presidente Bernardo Arévalo asumió el cargo en 2024 con la promesa central de desmantelar esta red de corrupción y complicidad.
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