El pasado 17 de marzo, en un operativo marcado por la represión, el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, desalojó de manera violenta a organizaciones sociales que mantenían bloqueos en distintos puntos de la entidad.
De acuerdo con testimonios y reportes en el lugar, elementos de seguridad pública arremetieron contra los manifestantes utilizando gas lacrimógeno y fuerza excesiva para dispersarlos. Integrantes de las organizaciones denunciaron agresiones físicas, golpes y persecuciones, evidenciando un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.
Las acciones del gobierno estatal han sido calificadas por diversos sectores como un acto de represión, al privilegiar la fuerza por encima del diálogo. Los manifestantes, que exigían atención a demandas sociales pendientes, fueron retirados sin que existiera, según denuncian, un intento real de negociación.
Este desalojo no solo dejó personas lesionadas, sino también un ambiente de indignación y tensión en el estado, donde organizaciones sociales y civiles han comenzado a alzar la voz para condenar los hechos y exigir respeto a los derechos humanos.
Las manifestaciones en Oaxaca han sido y siguen siendo producto de la falta de respuesta a demandas relacionadas con justicia, conflictos agrarios, falta de recursos municipales, carencias en servicios básicos, derechos de los trabajadores, apoyo al campo y el reconocimiento de autoridades electas en sus comunidades.
En este contexto, a través de un comunicado, la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (UNAPO) condenó el uso de la fuerza pública como respuesta a la movilización social. “Desde el poder no se pueden deslegitimar las luchas permanentes; se evidencia la política de doble discurso, llamando al diálogo sin respuestas y condenando las manifestaciones, como lo hace el secretario de Gobierno Jesús Romero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, encabezada por el almirante Félix Quirós Javier, y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez”.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero, afirmó que se buscó comunicación con los grupos inconformes e incluso se propuso instalar una mesa de diálogo en los próximos días; sin embargo, las organizaciones habrían rechazado estas alternativas. “No podemos permitir que se siga afectando a la ciudadanía”, declaró el funcionario, quien además aseguró que el gobierno no cederá “ante presiones y chantajes”.
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