Se ha presentado ya la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) que, junto con una serie de reformas a la Ley General de Población, constituye la respuesta legislativa del Gobierno Federal frente a la sacudida a la conciencia nacional que ha significado el caso Teuchitlán.
Pero la iniciativa presentada es insuficiente: parte de un diagnóstico errado y con ello articula medidas que se quedan cortas frente a la magnitud de la crisis.
Respecto del diagnóstico, el punto de partida es lamentable. En la exposición de motivos, se dice: “En México, en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”.
Esta perspectiva, en esencia idéntica a la que se argüía en los sexenios panistas y priistas, es un error. Sin duda, en una buena cantidad de las desapariciones que ocurren en el país participan particulares que integran las organizaciones macrocriminales que controlan algunas regiones de México. Pero también en una buena cantidad de casos estos particulares operan con la aquiescencia de las autoridades legalmente constituidas, y en otro tanto son de hecho servidores públicos quienes participan activamente en la privación ilegal de la libertad de las víctimas.
Del caso Ayotzinapa al caso de Claudia Uruchurtu, quien lleva ya 4 años desaparecida –como lo recordaron hace unos días sus hermanas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Colectivo de Defensores por la Justicia de Oaxaca—, una y otra vez hemos visto cómo intervienen servidores públicos en estos crímenes atroces, tornándolos así en desapariciones forzadas. Negarlo, como si no fueran parte del Estado los policías municipales, los agentes estatales y los elementos militares que participan, agravia la memoria y es un retroceso.
Pero el diagnóstico equívoco está presente también en otros aspectos. Por ejemplo: las iniciativas parecen concebir que el principal problema en esta materia se encuentra en el registro de las desapariciones. En consecuencia, es notorio que la mayor parte de las modificaciones propuestas se relacionan con el conteo del fenómeno.
Para redondear este nuevo enfoque, el artículo 110 prevé nuevas categorías en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, claramente encaminadas a que la Base Nacional de Carpetas de Investigación sea el instrumento principal para contabilizar el número de personas desaparecidas en México. A todas estas modificaciones parece subyacerles un diagnóstico erróneo, según el cual lo primordial es disminuir las cifras en el conteo. Puedes leer el artículo completo del Centro Pro en el primer link.
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