Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del llamado “plan B” servidores públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, no podrán apelar a la libertad de expresión para difundir logros de gobierno, llamar al voto y tampoco deberá transmitirse la conferencia matutina por concesionarias de radio y televisión del Gobierno federal en entidades donde se desarrolle algún proceso electoral.
Esta primera parte del “plan B”, que fue invalidada, modificaba a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental son los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, o mediante el uso de tiempos oficiales, para difundir logros en medios de comunicación, según la Ley General de Comunicación Social.
Sin el primer decreto del “plan B”, ahora el marco legal vigente en propaganda gubernamental es el inmediato anterior a la reforma a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, el modelo de comunicación política resultado de la reforma electoral 2007-2008, cuyo objetivo es garantizar la equidad, neutralidad e imparcialidad en las contiendas y que fue establecido tras las elecciones presidenciales de 2006 que ganó Felipe Calderón.
“Nos vamos a quedar con el modelo de comunicación política que ya teníamos de manera previa y que está regulado no solamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también en la Constitución”, dice en entrevista la abogada Jesika Alejandra Velázquez Torres.
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