El próximo 18 de julio, México deberá tener su primer fiscal especial para derechos humanos. Por ley, el fiscal general debe también emitir una convocatoria para escuchar a las víctimas y a la sociedad respecto a la idoneidad del fiscal. Pero hasta ahora, los familiares de las víctimas están en espera de ser recibidos por Gertz Manero. Han recurrido al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que el gobierno federal también se pronuncie. El Senado tampoco ha propiciado que se aborde el tema del próximo fiscal especial, a pesar de la facultad que le da voz para participar en la discusión pública. El temor de los familiares es que llegado el plazo, el régimen morenista designe a un fiscal que no esté a la altura del enorme reto. Hace casi 20 años, el gobierno de Vicente Fox tuvo esa misma deuda con las víctimas de la guerra sucia de los años sesenta y hasta entrados los ochenta del siglo pasado. Nunca se interesó ni le importó realmente el tema. Su fiscalía especial fue un fracaso por falta del compromiso presidencial. Lo que hizo el fiscal especial, Ignacio Carrillo, quedó muy lejos de lo que la sociedad demandaba. La exigencia es ahora para el presidente López Obrador y el fiscal general Gertz Manero. Leer toda la reflexión de Jorge Carrasco Araizaga:
Un fiscal desaparecido y ONG delinean perfil de Fiscal en Derechos Humanos. Foto: El Comité Eureka exige a AMLO la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia
