este 11 de septiembre el Gobierno Estatal anunció el reinicio de clases del Ciclo Escolar 2025 – 2026 en los tres niveles educativos de esta comunidad, después de ocho años sin clases presenciales, después de la violencia desatada por un conflicto agrario entre los municipios de San Juan Juquila mixes y San Pedro Ocotepec en 2017, que obligó a los 457 habitantes de la comunidad Guadalupe Victoria a salir de sus hogares,
En coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se presentó de manera oficial al personal docente de los niveles de preescolar indígena, primaria y telesecundaria, quienes darán atención a las niñas y niños de dicha comunidad.
Cabe resaltar que hace cinco días inició el proceso para el retorno de las 153 familias que aún permanecen refugiadas en la cabecera municipal de San Juan Juquila Mixe. Desde el pasado mes de agosto el Gobierno de Oaxaca anunció un protocolo que catalogó como “histórico” para atender el desplazamiento forzado interno. El proceso inició con la visita de un grupo representativo de 10 personas, integrantes de las familias desplazadas, en la agencia Guadalupe Victoria para revisar y documentar las condiciones en las que se encuentran sus viviendas. La visita fue acompañada por funcionarios estatales, la Guardia Nacional y observadores de la ACNUR.
Sin embargo, detrás de los discursos oficiales, las familias que han sufrido casi una década de desarraigo, promesas incumplidas y una vida en el exilio exigen garantías para evitar que la violencia se repita y qué les definan qué pasará con las tierras en disputa.
El conflicto se origina en septiembre de 1975, cuando una Resolución Presidencial otorgó 47 mil 977 hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixe, lo que generó inconformidad entre los pobladores de Ocotepec y desató tensiones que se han prolongado hasta la actualidad.
Este proceso coincide con la reciente aprobación en el Congreso local de la Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, que por primera vez tipifica este delito en Oaxaca con penas de hasta 24 años de cárcel. Oaxaca está entre los estados con mayor desplazamiento forzado interno, constata la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). A los casos históricos se sumaron en 2021 nuevos desplazamientos de comunidades enteras, como Tierra Blanca Copala, Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, estos últimos en el municipio de San Esteban Atatlahuca y que aún están pendientes. De esta manera, Oaxaca se convierte en el quinto estado en legislar sobre desplazamiento forzado y el primero en organizar un retorno de esta magnitud.
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