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La Minuta

Red de despojo de tierras comunales, playas y reservas ecológicas en la costa, opera bajo anuencia de autoridades: denuncian

Mientras el país se proyecta al mundo con una imagen de diversidad y tradición, en sus territorios más fértiles, más ricos en recursos o con potencial turístico, se libra una guerra silenciosa y brutal: el despojo y la marginación de sus pueblos indígenas. Tal es el caso de la comunidad Chatina de Santiago Cuixtla, en la costa oaxaqueña, quienes han denunciado la operación de una presunta red de despojos que les está arrebatando sus tierras comunales, entre ellas playas y reservas ecológicas.

La comunidad indígena de Santiago Cuixtla, reconocida como núcleo agrario mediante Resolución Presidencial del 27 de marzo de 1989, advirtieron de la operación de lo que llaman el “Cartel del despojo” una red con presuntos vínculos con el crimen organizado, intereses inmobiliarios y empresariales y que, según denuncian, opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, con la mira puesta en playas y zonas de protección ecológica con alta plusvalía económica o turística.

La comunidad señala que dicha red opera con escrituras apócrifas, amparados por notarios cuestionables, y se presentan armados, incluso con uniformes que imitan a los de la Fiscalía local, sembrando el terror entre los legítimos poseedores de la tierra, con la finalidad de arrebatar y comercializar ilegalmente tierras comunales en Playa Palmarito y la Laguna de Manialtepec, pertenecientes al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Otros casos son: Punta Colorada en Puerto Escondido, considerada la última playa virgen de la zona con un área natural de 111 hectáreas con humedales, manglares y rica biodiversidad.

Así lo documenta el periodista Pedro Matias en un amplio reportaje donde recoge varias denuncias y casos de despojo en la franja costera, como la comunidad de Tilzapote, donde un mandato judicial les arrebató más de 300 hectáreas de terreno del núcleo agrario San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca. Los comuneros afirman que autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal se confabularon para despojar a esta comunidad y obligar al Estado mexicano a pagar 6 mil millones de pesos.

De igual forma, con apoyo de la Policía Estatal, el pasado 29 de enero particulares entraron a la Playa Salchi, perteneciente a Cuatunalco, Pochutla, para disponer de tierras del defensor del territorio Miguel Sánchez Hernández. Otras playas que están en riesgo por proyectos de desarrollo son Playa Brasil, Punta Chivo, Barra de la Cruz, El Coyul en San Pedro Huamelula y San Agustín, así como El Coyote.

De acuerdo con documentos y denuncias ante tribunales agrarios y fiscalía, hay por lo menos 10 casos en los que se han dado cierres de accesos públicos a playas, así como la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios en la región Costa-Istmo de Oaxaca. Existen diversos procedimientos en curso ante los tribunales agrarios, además de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de despojo, fraude, amenazas, suplantación de autoridad y otros ilícitos relacionados, sin embargo, no hay avances en estos casos, según exponen los denunciantes.

Este nuevo “cártel del despojo” se suma a un primero identificado así en 2022 por otras víctimas —del que dio cuenta Proceso— que hicieron pública una red similar, relacionada con el exgobernador Alejandro Murat, en la que figuraban servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes, según consignaron en investigaciones, se adueñaron ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha, como la presentación de documentos de personas fallecidas, entre otras anomalías. En total, contra ese primer “cártel del despojo” se acumularon más de 200 denuncias.

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