Organizaciones de derechos denunciaron la impunidad en la que permanece la ilegal persecución hacia las defensoras Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati, contra quienes en 2016 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abrió una investigación por delincuencia organizada y secuestro que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, mantiene vigente hasta ahora.
Durante la presentación del informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, realizado por Amnistía Internacional, se alertó sobre el uso en México del “sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y acompañan a esas víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”.
El evento de presentación, encabezado por la directora en México de la organización internacional, Edith Olivares Ferreto, contó con la presencia de las tres mujeres sometidas a investigación ilegítima, así como del representante de Amnistía en España, Esteban Beltrán, una de las responsables de la investigación, Belem Barrera y la periodista Carmen Aristegui.
De acuerdo con el informe, el 29 de enero 2016 la Seido integró a Delgadillo, Doretti y Turati, como personas a investigar en la averiguación previa que se sigue por el hallazgo en 2011, de 196 cuerpos de personas migrantes en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, abierta por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Lo anterior implicó que las tres “fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano”, pues sus comunicaciones fueron intervenidas, sus ubicaciones geolocalizadas, su escritura sometida a peritajes grafoscópicos a partir de documentos en posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), todo sin autorización judicial y sin informar a las defensoras y la periodista.
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