Este 23 de julio diversas organizaciones de la sociedad Civil sostuvieron una audiencia titulada Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada y estrategias innovadoras desde la ciudad civil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde presentaron un diagnóstico urgente sobre el impacto del crimen organizado en los derechos humanos y en la independencia de los sistemas judiciales de la región. Las organizaciones también compartieron estrategias innovadoras impulsadas desde los territorios para hacer frente a este fenómeno creciente.
Las 28 organizaciones participantes alertaron sobre la expansión y transformación del crimen organizado en América Latina, un fenómeno que ha dejado de estar restringido al narcotráfico para abarcar diversas economías ilícitas, como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y el lavado de activos. Este tipo de criminalidad se caracteriza por operar en redes complejas, flexibles y transnacionales, que utilizan la corrupción y mantienen vínculos estrechos con actores estatales, empresariales y financieros.
“La delincuencia organizada no sólo genera violencia física, sino que corroe la legitimidad democrática, socava el Estado de derecho y limita gravemente el ejercicio de los derechos humanos en amplios sectores del territorio latinoamericano” señaló una de las participantes.
Además, compartieron experiencias y propuestas concretas para enfrentar el fenómeno desde un enfoque de derechos humanos, con énfasis en la producción de conocimiento independiente, la investigación de redes criminales, la protección integral de las personas defensoras y el uso social de los bienes decomisados a organizaciones delictivas.
Entre las principales recomendaciones plateadas ante la CIDH, destacaron fortalecer las capacidades de investigación en los ministerios públicos, Garantizar acceso público e interconectado a datos claves para prevenir la corrupción y desmantelar estructuras delictivas, Reconocer y proteger el rol fundamental de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, Impulsar normativas que permitan la reutilización social de bienes decomisados, asegurando su uso transparente y con impacto reparador en comunidades afectadas por el crimen, Establecer canales sostenidos de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas frente al crimen organizado.
Comunicado de prensa Organizaciones presentan ante CIDH estrategias para enfrentar impactos del crimen organizado
