El personal médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) se negó nuevamente a dar atención médica a Josué, un joven de 28 años de edad que padece una enfermedad renal con necesidad de hemodiálisis. Esta negativa, a pesar de que la justicia federal otorgó un amparo solicitado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C, pone en riesgo su vida.
De acuerdo con los familiares, la tarde del 20 de octubre, autoridades del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron trasladar a Josué al HRAEO. Sin embargo, el hospital de alta especialidad se negó a recibirlo, poniendo nuevamente en riesgo su salud y la continuidad de su tratamiento, pese a contar con servicio de hemodiálisis.
Josué recibió atención en el IMSS desde el pasado 16 de octubre, donde le proporcionaron dos sesiones de hemodiálisis. Debido a que no es derechohabiente, las autoridades de ambas instituciones dialogaron y acordaron su ingreso al HRAEO, pero el traslado previsto no se tradujo en la recepción del paciente.
Desde agosto, tras tres operaciones y complicaciones, el paciente y su familia han peregrinado por tres hospitales públicos. Durante su estancia en el Hospital Aurelio Valdivieso, unidad que carece de nefrólogo ni el equipo necesario para proporcionarle el tratamiento, su madre tuvo que pagar 8 mil pesos a una empresa privada por dos sesiones de hemodiálisis. Ambos enfrentan condiciones de alta marginación y la gravedad del estado de salud de Josué les ha impedido trabajar.
Flor y Canto afirma que “continuamos apoyando a Josué y a su madre en la búsqueda de justicia y para garantizar su derecho a la salud. Seguiremos en la exigencia de que los gobiernos federal y estatal garanticen que Josué tenga el servicio con la calidad y frecuencia necesaria para su bienestar y óptimo estado de salud”.
Desde 2025, la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca, de la cual Flor y Canto forma parte, busca la atención de las autoridades a la crisis de salud que se vive en la entidad y así garantizar del derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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