La minería ilegal en Colombia representa una de las principales crisis ambientales, de seguridad y de orden público del país, en ellas trabajan principalmente personas indígenas, pobladores locales empobrecidos, mineros artesanales tradicionales forzados a la informalidad, migrantes vulnerables y redes criminales, millonarios o grupos armados que controlan el negocio. Dejándolos en total vulnerabilidad.
Apenas, este 19 de agosto de 2026, trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro a cielo abierto en el municipio de Policarpa, Nariño, en el suroeste de Colombia. Entre los fallecidos hay cuatro indígenas de una misma familia del pueblo quillasinga, según vecinos de la zona.
De acuerdo a autoridades locales y tras concluir las labores de rescate, el hecho se produjo cuando decenas de toneladas de tierra sepultaron a los trabajadores, interrumpiendo abruptamente las tareas de extracción en la mina a cielo abierto. La emergencia se originó la tarde del miércoles, cuando un grupo de mineros que utilizaban el método de bareque fue sorprendido por el deslizamiento de tierra.
La tragedia ha vuelto a poner en el centro del debate la presencia de minas ilegales y las condiciones precarias en las que operan muchas de estas explotaciones en el departamento de Nariño. Junto con el narcotráfico, la extracción ilícita de oro constituye la principal fuente de ingresos para guerrillas y bandas criminales con el Clan del Golfo, quienes imponen impuestos y disputan el control territorial. Un caso emblemático revelado en 2026 es el de la mina La Mandinga, que operaba ilegalmente a escasos metros de una base militar en el noroeste del país, como reportó en un reportaje el New York Times.
El trabajo en estos entornos es de altísimo riesgo. Quienes laboran allí lo hacen bajo graves amenazas de violencia, nulas condiciones de seguridad industrial y exposición constante a colapsos de tierra, gases tóxicos o intoxicación por mercurio.
Esta tragedia se produce 10 días después de la del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y causó al menos 319 muertos, principalmente en el centro y el suroeste del país, según cifras de la víspera del Instituto de Medicina Legal (IML).
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