En la reciente entrega del reportaje “Mogótavo: Un siglo de resistencia contra el despojo” a través de la inicitva Perodismo de lo Posible, Patricia Mayorga detalla, registra y narra la lucha de los raramuris contra quienes intentan alejarlos de su hogar ancestral con la complicidad de políticos y empresarios para que no tengan derechos de propiedad, una situación que comienza a revertirse.
La comunidad de Mogótavo, con alrededor de 400 habitantes, se ubica en el municipio de Urique, a 44 kilómetros del pueblo mágico de Creel. Sus habitantes son rarámuri, con una forma de vida seminómada, pues subsisten tanto de la agricultura, principalmente de la siembra del maíz— como de la cría de ganado; son capaces de recorrer largas distancias en un territorio de montañas escarpadas y profundas barrancas, y tienen también un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Cuentan con tres siríame (gobernadores) que se encargan de mediar en los conflictos internos y son elegidos en asambleas.
Por su organización y resistencia, que les ha permitido ganar luchas jurídicas y sociales, Mogótavo se ha convertido en un ejemplo para otras comunidades indígenas. Tras décadas en que sus tierras fueron entregadas a familias mestizas y se realizaron numerosos proyectos sin consultarlos, en 2016 lograron ser indemnizados por la instalación de un gasoducto que cruzaba sus montes, y en 2024 derrotaron por la vía penal a políticos y empresarios que buscaban expulsarlos de su hogar, debido a que no cuentan con documentos que los acrediten como dueños del territorio.
En rarámuri, gasoducto no tiene traducción, pero las áridas cicatrices de 25 metros de ancho que su construcción deja en el territorio son bien conocidas por los pobladores de Mogótavo. En 2014 comenzaron a ver banderines sobre caminos de tierra ya trazados; después supieron que, dos años antes, el Gobierno federal contrató a la compañía TransCanada (hoy TC Energy) para la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, que transportaría 679 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente desde Texas a Sinaloa.
El gasoducto debía atravesar 572 kilómetros de la Sierra Tarahumara, lo que implicaba cruzar montes, siembras, ríos y barrancos. Un territorio, además, que no estaba despoblado, sino habitado por los rarámuris. Para instalarlo, debieron talar cientos de pinos. El despojo estaba presente hasta que en junio de 2024, el juez de control Mariano Armando Durazo Peregrino ordenó archivar el caso al considerar que no puede haber despojo, pues el pueblo rarámuri, representado por los acusados, “ejerce la posesión desde tiempos ancestrales sobre el territorio objeto del delito imputado”.
Apenas el pasado 17 de mayo, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó al pueblo de Mogótavo 317.9 hectáreas de las mil 500 que exigen les sean restituidas. Es una fracción del predio denominado Mesa de la Barranca, hoy Cinco Hermanos, que era propiedad de Odile Sandoval, nieta del dueño original. Fue la única que aceptó vender sus tierras al Estado, que a su vez entregó las escrituras en propiedad comunal a los rarámuri.
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