México se mantiene entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo, destaca el informe de Índice Global de Impunidad (IGI) 2024, elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP).
El informe muestra que, de una lista de 94 países, México se ubicó en el número 81, lo que lo coloca en una situación de impunidad existente similar a las que se registra en Rusia, Honduras, Uganda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.
Aunque en el estudio anterior (2020) México se encontraba entre los primeros 10 países con mayor impunidad, su caída en el ranking se debe a que entraron más países al estudio y no precisamente a una mejora en los procesos de justicia.
“En la edición IGI 2020 México se encontraba entre los diez países con peor desempeño, el lugar 60 de 69 casos estudiados, y el cambio de posición es resultado de la incorporación de más países a la muestra, antes que de una mejora en el desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos”, señala su resumen ejecutivo.
Los resultados del estudio elaborado por los académicos de la UDLAP, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez advierten que la impunidad en México tiende a ser extremadamente alta y que afecta el diseño y funcionamiento de la cadena de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.
El IGI 2024 considera que la alta impunidad que se registra en nuestro país es resultado de distintos factores políticos, institucionales y sociales, sin embargo, la metodología del Informe permite destacar que la existencia de reducidas capacidades institucionales representa un factor central para explicar niveles de desempeño ineficientes en los sistemas de seguridad y justicia, e imposibilidad de proteger los derechos humanos.
“Sin la existencia de capacidades institucionales suficientes —como, por ejemplo, recursos presupuestales, operadores capacitados e instrumentos efectivos de política pública— no es posible garantizar condiciones de seguridad, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos”.
Se advierte con preocupación que nuestro país no cuenta con las capacidades institucionales requeridas para acotar el alcance y los efectos destructivos de este fenómeno.
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