Después de 2 años, 7 meses y 6 días encarcelado, Cristóbal Sántiz, indígena maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quedó en libertad.
Hasta el 14 de marzo de 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez trabajó como vigilante en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ese día, cuando salía del trabajo, fue detenido por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acusado de “homicidio calificado”. Desde entonces, está detenido preventivamente por un crimen que no cometió: Cristóbal no se encontraba en el lugar de los hechos.
Desde su nombramiento como portavoz de los desplazados de Aldama en 2017, Cristóbal ha denunciado públicamente los ataques armados, robos, destrucción de cultivos y quema de casas perpetrados por un grupo armado de corte paramilitar del municipio de Chenalhó contra la población de Aldama, de donde es originario.
Dos años antes de su detención, Cristóbal ya había sido acusado y posteriormente absuelto por el delito de “homicidio calificado”. No es casualidad. Es más bien una continuación del hostigamiento ejercido en su contra tanto por actores estatales como por el grupo de corte paramilitar de Chenalhó por su defensa de los derechos comunitarios de los desplazados de Aldama, informó la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en un boletín en 20202.
Illustración: Frayba. OMCT: Cristóbal Sántiz Jiménez, detenido por defender las comunidades desplazadas de Aldama
