El 15 de junio de 2026 se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Lilia Gemma García Soto, primera mujer presidenta de San Mateo Piñas. Mujer que luchó, gobernó y defendió. A un año de su asesinato, la impunidad permanece intacta: respuesta sistemática de un Estado que castiga a las mujeres que se atreven a ocupar y ejercer el poder.
Honrarla significa pronunciar su nombre con la fuerza que le quisieron arrebatar, así como nombrar la violencia por lo que es: un feminicidio político. Un crimen que no comenzó el día que le quitaron la vida, sino mucho antes en cada denuncia ignorada, en cada queja pasada de largo, en cada institución que miró hacia otro lado.
La participación política de las mujeres no es un privilegio. Es un derecho humano reconocido desde 1979 por la CEDAW, desde 1994 por la Convención de Belém do Pará, desde 1995 por la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, en el año 2026 se sigue pagando con la vida el precio de ejercerlo.
Es un mensaje estructural que le dice a las mujeres: este espacio no es para ti. Frente a ese mensaje, nosotras respondemos: este espacio es nuestro y lo vamos a defender. Porque la presencia de las mujeres en los espacios de decisión transforma las comunidades, ampliando las agendas de salud, cuidados, agua, educación y justicia.
Seríamos injustas si no reconociéramos que algo ha cambiado en México. Por primera vez en la historia del país, una mujer ocupa la Presidencia de la República, el gabinete federal de Claudia Sheinbaum es paritario, las mujeres representamos el 50.2% de la Cámara de Diputadas y el 50% del Senado. En el Congreso del Estado de Oaxaca, somos el 50% de la legislatura.
La reforma constitucional de Paridad en Todo de 2019 fue una conquista de los movimientos de mujeres. La tipificación de la violencia política por razón de género como delito electoral en 2020, también. El Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE existe porque las mujeres lo exigimos. Estos avances son reales, pero también dejan clara la enorme distancia entre lo que la ley promete y lo que vivimos en la realidad.
La realidad dice que Oaxaca encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 188 casos vigentes de violencia política por razón de género. Los datos de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca revelan que durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, se registraron 78 casos de violencia política por razón de género. En los 42 meses y medio, desde el 1 de diciembre del 2022, del presente sexenio de Salomón Jara Cruz se registran 39. El ritmo no ha disminuido y la gravedad ha escalado: ya no hablamos solo de obstrucción del cargo o violencia psicológica, hablamos de secuestros, como el de la presidenta municipal privada de su libertad en el propio Congreso del Estado.
Hablamos de feminicidios: Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, asesinada este año. Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec. Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León. Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas. Mujeres que fueron asesinadas por gobernar.
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