La lucha contra la minería, por la defensa del agua y el territorio se mantiene en diversos puntos del mundo, esta industria extractivista ha dejado más daños que beneficios a los lugares de pueblos indigenas donde se instala, en Ecuador más de 400 campesinos de Las Naves han llevado a los tribunales el temor a la contaminación de sus ríos y denuncian no haber sido consultados antes de que el proyecto minero Curipamba-El Domo avanzara.
Habitantes de Las Naves, un cantón tropical del noroccidente de Ecuador, han vivido históricamente de la agricultura. En especial de la llamada pepa dorada: el cacao. Pero en 2003, con la entrega de las primeras concesiones mineras en Jerusalén, un recinto rural del cantón, todo cambió. Desde entonces, las reuniones del pueblo se han convertido en asambleas para frenar el avance del proyecto minero Curipamba-El Domo. En ellas se repite la misma preocupación: la contaminación de sus sembríos y sus fuentes de agua. Ese riesgo está hoy en el centro de la disputa y la lucha de toda una comunidad, apunta el reportaje de EL País que documenta la lucha incansable de esta comunidad.
La preocupación aumenta con el paso de los días y el avance de la construcción de esta mina a cielo abierto, cuya área de concesión abarca 1.468 hectáreas, una superficie equivalente a 4,2 veces el Central Park de Nueva York. La mina producirá 24.000 toneladas anuales de cobre, oro, plata y otros metales. Su construcción ya ha alterado el paisaje del lugar.
Sobre esta mina se asienta El Domo, conocido por los habitantes del lugar como Piedra Negra. La zona es un punto clave para el abastecimiento de agua de Jerusalén y otros recintos. Un informe del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de 2023 señala que el área tiene una importancia hídrica muy alta y que el caudal “nace a la altura de donde se proyecta construir el proyecto”. Las quebradas de El Silencio y Naves Chico también estarían afectadas. Ambas funcionan como cauces naturales, que recogen, canalizan y transportan el agua. Y que también abastecen a las comunidades cercanas.
Respecto a las consultas, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), que acompaña a las comunidades, afirma que la consulta debió realizarse en 2003, cuando se otorgaron las primeras concesiones del proyecto. No ocurrió sino hasta 2023, antes de que el proyecto pasara a fase de explotación.
Pero la consulta ambiental no es el único derecho que habría sido vulnerado. La acción de protección también menciona los derechos de la naturaleza, medio ambiente, agua, identidad cultural de poblaciones campesinas y derecho a defender derechos.
Los agricultores, que han vivido durante años en estas tierras, temen que, con el comienzo de la explotación minera, sus sembríos de cacao puedan contaminarse con metales pesados y, con ellos, su principal fuente de sustento. “El desarrollo de nosotros es la agricultura. “Nunca hemos necesitado de la minería”, reflexiona una de las agricultoras. La mina tiene una vida útil de poco más de una década. Pero en Las Naves, Zapotal y San Luis de Pambil, sus habitantes piensan en un futuro más largo, en las generaciones que vendrán y lo que les dejarán.
El País El agua en disputa: la batalla de una comunidad de Ecuador contra la minería
